domingo, 22 de abril de 2018

DISPAROS Y EXPLOSIONES JUNTO A LA RESIDENCIA DEL REY SAUDÍ



En Riad, la capital saudí, se produjeron ayer sábado intensos disparos junto al palacio residencial del rey Salmán ben Abdelaziz al Saúd, algo de lo que los "mass media" no han informado. Frente a este silencio, diversos usuarios de Twitter publicaron videos del incidente. La versión de lo sucedido que ofreció la policía sostiene que un aparato de control remoto tipo "dron" entró en el espacio aéreo del palacio real y fue tiroteado por los agentes de vigilancia hasta su derribo.

No obstante, en el nerviosismo inicial generado por la situación se llegó a temer un intento de regicidio, por lo que el monarca fue evacuado a un búnker militar.

LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: MÁS DE UNA DÉCADA DE CONTROVERSIA



La vacuna contra el VPH (Virus del Papiloma Humano) es la propuesta de la medicina tradicional para prevenir la aparición del cáncer cervicouterino y otras posibles lesiones cancerosas. Respaldada y promovida como “segura” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacuna cuenta con dos opciones comercializadas a lo largo del mundo; Gardasil y Cervarix, producidas por los laboratorios Merck Sharp & Dohme y GlaxoSmithKline, respectivamente.

En la última década solamente en EE.UU. se reportaron 336 muertes y 47.463 reacciones adversas por la aplicación de la vacuna. Por otro lado, mientras que el Gobierno japonés quitó la vacuna de su esquema sanitario en 2013 por las múltiples denuncias de reacciones adversas; hoy, países como Argentina y Chile, la incluyen en sus calendarios de vacunación obligatorios en niños en edad escolar.

Si bien organizaciones como la OMS y los ministerios de Salud de los países que obligan a la aplicación de la vacuna contra el virus no advierten sobre las posibles complicaciones que esta puede generar, asociaciones en distintas partes del mundo, miembros de la comunidad médica y padres de niños damnificados por la aplicación de estos fármacos alertan sobre los riesgos y ponen en duda la eficacia y seguridad de la vacuna.

Médicos que dicen ‘No’

Juan Gérvas es un médico jubilado perteneciente a Equipo CESCA. Fue profesor de las universidades de Valladolid, Autónoma de Madrid y Johns Hopkins. Actualmente ejerce la docencia como profesor visitante en la Escuela Nacional de Sanidad en Madrid. Según considera, una vacuna eficaz contra el VPH sería de suma utilidad, ya que la mortalidad por cáncer de cuello de útero es un problema serio. No obstante, encuentra que la efectividad de las vacunas comercializadas en la actualidad no ha sido demostrada científicamente.

“Se precisan décadas para poder afirmar que son vacunas contra el cáncer. No se hicieron estudios suficientes, especialmente respecto a su eficacia y a su seguridad”, afirmó Gérvas, y agregó: “La vacuna es una vacuna experimental; habría que esperar para poder decidir su idoneidad”.

Según aseveró, el cáncer de cuello de útero es de evolución muy lenta, ya que su desarrollo toma décadas. “Nadie sabe cuánto durará la inmunidad producida por la vacuna, pero si dura menos de 30 años todo habrá sido inútil. Tampoco se sabe si habrá que re-vacunar con la vacuna del papiloma humano”, manifestó.

Respecto a la controversia en torno a la droga, el actual profesor expresó: “Hay gran debate sobre los efectos adversos vinculados a la vacuna. Se considera probado que hay asociación con graves efectos adversos, infrecuentes, como fracaso ovárico, enfermedades autoinmunes, uveítis, alteraciones neurológicas, embolias pulmonares y muerte”.

La presidenta de Chile, Michelle Bachellet, da inicio a la cam-
paña de vacunación contra el virus del papiloma humano hace
tres años.
Gérvas no es el único profesional en España con esta visión respecto a las vacunas contra el VPH que se comercializan en la actualidad: “En 2009 miles de profesionales sanitarios en España pedimos que se suspendiera la aplicación de la vacuna, incluyendo a más de la mitad de los catedráticos de salud pública de las universidades. El problema es tanto de seguridad como de eficacia. De todos modos, la vacuna es un inmenso negocio”, aseguró el profesor.

Sin respuestas

El 5 de marzo de 2016, Natalia Bezi, una madre argentina de la provincia de Chaco, llevó a su hija Delfina, de once años, a un control pediátrico. El médico le indicó que le faltaba la vacuna contra el VPH para estar al día con las exigencias del Estado, por lo que le hizo una orden médica para que se acercara a un centro de salud. Una vez vacunada en el Hospital Público de Pediatría, y sin recibir ninguna advertencia más que la posibilidad de una fiebre, madre e hija continuaron con su día como de costumbre.

Sin embargo, al día siguiente, mientras estaba en una clase de educación física, Delfina comenzó a sentirse mal y le pidió a una amiga que la acompañara al baño. La niña sintió una quemazón y un dolor intenso en la nuca, por lo que pidieron ayuda. Bezi cuenta que su hija sentía que “las piernas no le reaccionaban” y que luego se desmayó.

A partir de ese día la vida de Delfina y la de toda su familia cambió para siempre: la internaron y le hicieron estudios invasivos con regularidad por sus recurrentes desmayos, dolores intensos y dificultad para caminar. Bezi atribuye los problemas que sufre Delfina a la vacuna que le pusieron: “Mi hija presentaba un buen estado de salud. Después de que la vacunaron empezó a tener síntomas muy extraños. No había explicación para lo que le pasó”.

Como Delfina seguía teniendo dificultad para caminar y dolores muy fuertes en la nuca y columna, fue derivada al Hospital Italiano, en la ciudad de Buenos Aires. En una de las tantas esperas en el hospital, el padre de la niña se puso en contacto con la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP), una organización sin fines de lucro radicada en España, pionera en denunciar los efectos adversos de la vacuna y en contar las historias de sus víctimas.

En el sitio web, las madres relataban los mismos síntomas que sufría Delfina. “No teníamos respuesta de la parte médica porque la medicina convencional evalúa un síntoma hasta llegar a un diagnóstico. La única respuesta la encontramos en otras víctimas”, confiesa la madre de la niña.

El malestar físico y emocional continuó durante un año, hasta que en abril de 2017 Bezi decidió llevar a su hija a una sesión de acupuntura: “Logró dormirse por cinco minutos y fue el momento más feliz de mi vida. Encontramos una respuesta en esta terapia”.

Hasta el momento, Delfina sufre de dolor neuropático, síncope vasovagal, migraña vestibular, ampollas en manos y pies, quemazón en el cuerpo y fallas en el sistema digestivo y urinario. Sus padres se inclinaron por la medicina alternativa para su hija, porque, según afirma Bezi, la medicina convencional está parada desde un lugar de empresa.

“Los médicos no te explican, no te dicen los efectos adversos”, afirma. Además, pide que la comunidad médica haga una autocrítica: “Aspiro a que se reconozca que en Delfina existió un efecto adverso y espero que en el futuro no tenga una enfermedad autoinmune. Preservar su calidad de vida es mi objetivo”.

Pese a los sucesivos pedidos de RT sobre la cantidad de efectos adversos notificados por la aplicación de la vacuna del papiloma humano a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el organismo oficial argentino que aprobó la comercialización de las vacunas Cérvarix y Gardasil no brindó la información solicitada.

Del otro lado del océano atlántico, en España, la vacuna no es obligatoria. No obstante, Alicia Capilla, presidenta de AAVP, la agrupación que pudo brindarle respuestas a la familia de Delfina, afirmó recientemente en un comunicado de prensa que las autoridades de salud españolas tampoco hacen lo suficiente para alertar sobre los peligros de la vacuna ni para respaldar a sus víctimas.

“No se han querido reconocer los efectos adversos padecidos. Tras 9 años de implantación de la vacunación contra el VPH en nuestro país no existen ni tratamientos ni protocolo de actuación médica”, sostuvo. Capilla considera que de este modo las afectadas y sus familias se encuentran “en una situación de abandono”, y que se está vulnerando el derecho a la salud que tienen todas las mujeres del país.

“Nosotras no somos antivacunas, de lo contrario no nos hubiéramos vacunado. Pero confiamos en las Autoridades Sanitarias de nuestro país cuando nos vacunamos, y ahora nos han dejado de lado“, sentenció la presidenta de AAVP y madre de una niña afectada.

Comienza la lucha

El Colectivo Ciudadano por la No Obligatoriedad de Vacuna Contra VPH-Uruguay, una agrupación que al día de hoy nuclea a casi 14.000 personas, fue creado en 2016, momento en que desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunciaron la intención de hacer obligatoria la aplicación de la vacuna contra el VPH para todas la niñas del país en el sexto año escolar, es decir, a niñas de entre 11 y 12 años.

Luego de las declaraciones del Director Nacional de Salud nació el colectivo con menos de diez miembros activos que, junto a la ONG feminista Mujer y Salud en Uruguay, comenzó a movilizarse de inmediato: presentaron sus dudas y adjuntaron toda la información que hallaron en contra de la vacuna ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), así como ante las comisiones de salud del Senado y el Ministerio de Salud Pública.

“Estamos viendo qué acciones legales tomar porque consideramos que se está sesgando la información y promocionando la vacuna como si fuera inocua y obligatoria”. Cecilia Muñiz, miembro de Colectivo Ciudadano por la No Obligatoriedad de Vacuna Contra VPH-Uruguay.

Ya que en Uruguay es necesaria una ley para que una vacuna se haga obligatoria, los esfuerzos del colectivo y la atención que generó su movilización impidieron que la iniciativa avance en el ámbito legislativo. No obstante, el 2 de abril de este año, el MSP comenzó una campaña de vacunación contra el VPH en las escuelas del país sin informar sobre la no obligatoriedad de la aplicación ni sobre los posibles efectos adversos.

“Ahora lo que se está haciendo es una obligatoriedad de hecho porque se está dando en todas las escuelas del país. El ministerio no está avisando que la vacuna no es obligatoria y, la autorización que manda a los padres, no es un consentimiento informado porque no informa de ningún factor de riesgo, de contraindicaciones, ni de posibles efectos adversos”, sostiene Cecilia Muñiz, uno de los miembros fundadores del colectivo.

Debido a lo que considera un “gran atropello de los derechos” en relación a que la población sepa sobre los pro y los contra de todo acto médico, el colectivo se presentó nuevamente ante el INDDHH y se generó un expediente. “Estamos a la espera de la respuesta y viendo qué acciones legales tomar porque consideramos que se está sesgando la información y promocionando la vacuna como si fuera inocua y obligatoria, cosa que no es real, ninguna de las dos”, afirmó Muñiz.

Por otro lado, sospecha que desde el ministerio están aplicando la vacuna del VPH “camuflada” junto a la vacuna de difteria, tétanos y tos convulsa, que sí es obligatoria en Uruguay.

“Están yendo a todas las escuelas, dando una vacuna que es obligatoria a los doce años y metiendo esa para las niñas. Desde mi punto de vista, están generando todo este aparato para dar la del VPH, ya que todos los niños que están en la escuela tienen que tener esa vacuna al día. No hay niños que no estén previamente vacunados con la de difteria, tétanos y tos convulsa, ya que se pide desde las instituciones educativas”, manifestó.

Muñiz subraya que desde el colectivo no están en contra de que los padres y madres que quieran vacunen a sus hijos, pero consideran “que no debe ser en las escuelas y que debe ser con consentimiento informado, en lo posible aprobado por un comité de ética”.

Reacción adversa masiva

“Yo era la clásica madre que iba con sus hijos a las instituciones de salud y que peleaba para que le pusieran las vacunas. Pensaba que si no les ponían las más costosas estaban violándoles el derecho de la salud. Y así fue hasta que me encontré con esta situación y la tuve que vivir en carne propia con mi hija”, expresó Mónica León del Río, una abogada colombiana de la ciudad de Bogotá cuya hija, Alejandra, sufrió efectos adversos luego de una aplicación de Gardasil.

Meses después de que comenzaron los problemas físicos de Alejandra, estalló un escándalo en el municipio de El Carmen de Bolívar, un pueblo a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Cartagena, que abrió los ojos de Mónica y cambió su perspectiva de lo que le estaba sucediendo a su hija: en un lapso de aproximadamente tres meses, más de 700 niñas tuvieron reacciones adversas a la vacuna Gardasil, aplicada en la escuela de manera obligatoria, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud de Colombia.

Al tratarse de un pueblo en el que todos se conocen y que cuenta con un único hospital, todas las niñas con efectos adversos llegaron a ese centro de salud y se hizo evidente que algo raro estaba pasando. Los síntomas que presentaban las menores eran síncopes, pérdida de consciencia durante una o dos horas, debilidad muscular, desmayos y toda una serie de sintomatología de carácter neurológico.

“Esto fue un ‘boom’ en las noticias porque los padres de familia de ese pueblo cerraron calles y denunciaron lo que pasaba quemando llantas, mostrándole al Gobierno colombiano que estaba pasando algo y que había sido a raíz de la aplicación de Gardasil”, recordó León del Río, para luego agregar: “Cuando vi los síntomas adversos que estaban denunciando estos padres de familia me dije a mi misma: ‘son idénticos a los que tuvo mi hija y a los que tiene en este momento’.

Ante el escándalo, que estaba alcanzando proporciones nacionales, el gobierno decidió realizar una investigación para determinar qué es lo que había pasado en El Carmen de Bolívar. “Sin grandes pruebas de medicina, clínicas, el estudio estableció se trataba de un caso de histeria colectivo”, afirmó León del Río, quien sostiene que se trata de una teoría absurda ya que los efectos adversos no fueron simultáneos, sino progresivos.

“Hay niñas por ejemplo que tuvieron efectos adversos a la primera dosis, otras a la segunda. Otras a la tercera. Y otras que un tiempo después de la tercera recién tuvieron los efectos adversos”, aclaró. Ante la impotencia de la respuesta por parte del gobierno, la abogada y madre de Alejandra decidió crear un grupo de Facebook donde contaba la situación de su hija.

Demandas y dictámenes sin cumplir

A través de este medio le llegó el primer caso de una de las niñas de El Carmen de Bolívar que estaba embarazada, tenía los efectos adversos y quería una cesárea. Debido a la urgencia de la situación, ya que la jóven podía morir dando a luz mediante el parto natural, la abogada presentó una demanda, la ganó y se ordenó la atención a la menor.

A raíz de este éxito, la abogada comenzó a recibir los distintos casos de El Carmen de Bolívar. Gracias a los esfuerzos de un grupo de madres y a que la abogada creó la Asociación Reconstruyendo Esperanza, la problemática de los efectos adversos comenzó a obtener cada vez más atención en el país.



Al margen de la difamación por parte de las autoridades de salud, de ciertas organizaciones feministas y de los propios medios de comunicación, León del Río decidió continuar la lucha a nivel judicial. “Empecé a defender los intereses de personas que quizás ni siquiera me conocían. Tomé todo el grupo de las afectadas de El Carmen de Bolívar y actúo en nombre de ellas”, sostuvo.

Luego de ganar una segunda y una tercera demanda, en las que estaban incluidas su hija y diez niñas de El Carmen de Bolívar, las sentencias ordenaron atención inmediata a las víctimas, cubrimiento de todos los aspectos de salud y una investigación respecto a los efectos adversos de la vacuna. Nada de lo que exigen los tres dictámenes obtuvo respuesta por parte del Gobierno colombiano hasta el momento.

“Posteriormente entro con otra demanda en nombre de todas las víctimas a nivel nacional y ahí la sentencia de la Corte Constitucional ordena que la vacuna no puede ser obligatoria, y que a nadie en virtud y en desarrollo al derecho de la dignidad humana puede obligarse a aplicar una vacuna si no tiene la intención o si no desea hacerlo”, manifiesta León del Río.

Gracias a estos esfuerzos y al de tantas otras madres para visibilizar la problemática, el porcentaje de vacunación de más del 90% durante el primer año en que se hizo obligatoria la aplicación de la vacuna del papiloma humano, hoy disminuyó al 16%.

Actualmente la abogada encabeza una acción de grupo presentada ante las autoridades civiles en contra la farmacéutica Merck sharp & Dohme, responsable de la fabricación de Gardasil, instaurada en nombre de todas las damnificadas. León del Río aclara que las familias afectadas, en su mayoría, no solamente tienen la carga de un hijo permanentemente enfermo, sino que muchas de las madres han dejado de trabajar para dedicarles el 100% de sus vidas a sus hijas.

“La enfermedad es una enfermedad que no tiene una cura definitiva. Esto lo demuestran varias de las personas que tengo representadas y que tuvieron que ser pensionadas por invalidez porque no pudieron continuar con su vida de manera normal. Lo que se pretende con esta demanda en contra de Merck es que haya una indemnización razonable para las víctimas a nivel nacional”, sostiene la abogada.

Al margen de la resistencia de parte de organismos oficiales o de las propias farmacéuticas a reconocer los efectos adversos de la vacuna, León del Río considera que el problema es más profundo y que afecta directamente al cuerpo social en su conjunto: “Somos miles de padres quejándonos en el mundo y nadie nos quiere oír. El mundo no quiere oír esto. Al padre que la vacuna no le hizo nada a su hijo no le interesa. Es algo de la actitud del ser humano frente al dolor del otro: no le importa”.

Ignacio Fernández Albano
(Fuente: https://actualidad.rt.com/; visto en https://buscandolaverdad.es/)

E.E.U.U.: PSICOFÁRMACOS Y MATANZAS ESCOLARES


Vídeo del Dr. Peter Breggin, psiquiatra estadounidense, abordando la relación entre psicofármacos y las recurrentes masacres en centros estudiantiles, partiendo de la cometida en Florida por Nikolas Cruz.

sábado, 21 de abril de 2018

E.E.U.U.: NINGÚN PERIÓDICO IMPORTANTE CUESTIONÓ EL "DERECHO" DE TRUMP A BOMBARDEAR SIRIA



Mientras el sistema pretende mantener la apariencia de que existe un periodismo independiente, ni uno solo de los 100 periódicos estadounidenses más importantes cuestionó la legalidad o la legitimidad del ataque de Trump a Siria basado en el falso ataque químico en Duma.

Ninguno se cuestionó si las pruebas del “ataque químico” eran reales o solo otra estafa más utilizada como excusa para iniciar una guerra a gran escala.

Todos los medios estadounidenses sin pestañear dieron por buena la versión gubernamental en cuanto a la atribución del ataque químico al régimen de Asad sin cuestionarse nada, sin dudar de nada.

Este hecho demuestra muchas cosas. La principal es que evidencia que hay un poder en la sombra que nadie cuestiona y que articula la respuesta mediática en una dirección determinada. La prensa escribe al dictado de ese poder, sin apartarse ni una coma de sus directrices obligatorias.

Si los periódicos tuvieran libertad para pensar sería imposible que los 100 más importantes del país tuvieran exactamente la misma postura sobre unos hechos más que controvertidos.

Cuando la élite lo ordena todos siguen el mismo guión.

Pero no se trata de un fenómeno exclusivo del autoproclamado "país de la libertad"; ¿hay algún político con representación parlamentaria en tu país, de izquierda o de derechas, que haya cuestionado la “versión oficial” de Trump sobre el "ataque químico"?.

Da que pensar.

(Visto en https://dondelaverdadnoslleva.blogspot.com.es/)

"LA ENCRUCIJADA DEL GRUPO BILDERBERG", DOCUMENTAL CANADIENSE



“The Turning Point” (La encrucijada de Bilderberg) es un documental del periodista Dan Dicks, miembro de la organización activista Press for Truth. Relata la historia del infame Grupo Bilderberg, una entidad que reúne cada año a más de 120 influyentes personalidades de la banca, las empresas multinacionales, los medios de comunicación, el mundo militar, las universidades y la política.

El documental se centra en las protestas ocurridas en 2012 durante la conferencia Nº 60 en Chantilly, Virginia, e identifica a los miembros más emblemáticos de Bilderberg. Entre ellos se destaca la Reina Beatriz de Holanda, el ex secretario de Estado Henry Kissinger, Peter Sutherland de Goldman Sachs, el banquero David Rockefeller, y representantes de Google y Facebook.

viernes, 20 de abril de 2018

¿QUIÉNES SE LUCRAN CON LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO?



Detrás de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, promulgada en España, se esconden tres verdades políticamente incorrectas.

La primera, el sobredimensionamiento de la denominada violencia de género por parte del pensamiento hegemónico. La segunda, a diferencia de lo que muestran los medios de comunicación, España está a la cola en muertes violentas de mujeres, siendo estable los casos desde 1999 (60-70 casos anuales). La tercera: con esta ley se lucran asociaciones feministas, los partidos políticos y cualquier medio o entidad que se circunscriba a sus dogmas. Todos ellos manipulan la realidad para mostrarla de tal forma que la dichosa ley les siga siendo rentable.

Para comprender cómo se lucran todas estas entidades, es necesario entender que se trata de un circuito de retroalimentación, donde se encuentran las denuncias por violencia de género, los presupuestos y subvenciones y la financiación con los Fondos Europeos. Cuantas más denuncias, más ayudas, más financiación; y cuantas más ayudas, más se incentivan las denuncias.

Las denuncias falsas existen

Hasta la década de los 90 se producían en España en torno a 15.000-20.000 denuncias al año por violencia de hombres a mujeres en el ámbito de la pareja. Posteriormente, hasta principios de este milenio, se registraron unas 70.000 denuncias anuales. Y a partir del 2005, con la implantación de la ley, las denuncias ascienden a 126.000 al año, cifra que continúa aumentando (en 2017 ya 166.000). El primer salto se explica porque, en 1999, comienza a contemplarse el maltrato psicológico como delito y, además, el delito de violencia contra la mujer se extiende a los casos entre ex parejas. Eso explica que se incremente sustancialmente el número de denuncias.

Pero el segundo salto no se debe a una recalificación de los actos delictivos, sino a la “Ley contra la Violencia de Género”, que introduce el concepto de discriminación positiva, vulnerando así, de forma evidente, la igualdad ante la ley. Se empiezan a aplicar penas diferentes en función de si el hecho lo comete un hombre o una mujer. Incluso, determinados actos constituyen delito si son cometidos por un hombre … pero no si los comete una mujer. También se suprime la presunción de inocencia, invirtiendo la carga de la prueba: el hombre denunciado es culpable hasta que no demuestre su inocencia. Y, además, esta ley concede sustanciosas ayudas económicas y ventajas jurídicas a las mujeres que denuncian, incluso antes de que se dicte sentencia.

No sólo eso, se crea una jurisdicción específica para la violencia de género, unos Tribunales de Excepción, inconstitucionales pues están expresamente prohibidos por la Constitución Española de 1978, en los que solamente se juzga a hombres. A este proceso discriminatorio se le añade otro más perverso: se crean fuertes incentivos para que la mujer acuse a su esposo de malos tratos en los procesos de separación conyugal. Hasta el punto que surgen abogados especializados en ello, que introducen estas acusaciones como elemento de presión en la negociación del divorcio.

Pero, ¿qué impulsa a una mujer a recurrir a estas más que dudosas prácticas de denuncia indebida? Muy sencillo: con una denuncia por malos tratos se agiliza el proceso de separación. Para empezar, el expediente de separación pasa de ser un trámite civil (Juzgado de Familia) a uno penal (Juzgado de Violencia de Género). Además, sin que el esposo haya sido juzgado, se aplican medidas cautelares desproporcionadas, como una orden de alejamiento.

Pero aquí no termina el despliegue de incentivos. La mujer que ha denunciado obtiene, en pocos días, la custodia total de los hijos, una pensión alimenticia y el derecho exclusivo al uso de la vivienda. Y, aunque la mujer disponga de medios económicos sobrados, puede beneficiarse de los servicios gratuitos de un abogado a cargo de la Administración. Infinidad de beneficios para la mujer; al hombre, por el contrario, se le despoja de todo sin haber sido ni siquiera juzgado.

Las denuncias falsas apenas se investigan

Mientras esta práctica inmoral está a la orden del día, los medios de comunicación insisten en afirmar que sólo el 0.0075% de las denuncias son falsas. Su fuente proviene de la Fiscalía General del Estado pero lo que dice esta fiscalía realmente no es que sólo exista este porcentaje de denuncias falsas sino que solo ha investigado y comprobado como falsas ese número. Existen muchas más que quedan impunes. Pero ¿por qué no se investigan?

Los procesos legales son complejos; si el juez no aprecia delito de violencia de género se debe a que o no existió o bien no se encuentran indicios o pruebas. La mayoría de las veces no se sabe si se debe a una razón u otra y por ello se procede a archivar y a absolver al hombre denunciado. Del más de millón de denuncias interpuestas desde la ley, la tasa de delitos inexistentes, archivados o sobreseídos es del 80% respecto a los hombres enjuiciados, según los datos del CGPJ. Exactamente ahí, en esas sentencias es donde se ocultan las denuncias falsas.

Ahora bien, si el juez tiene claro que no hay pruebas porque no hay delito de malos tratos y sospecha que la denunciante lo sabía, entonces se puede abrir un nuevo proceso por denuncia falsa. Pero este nuevo procedimiento discurre de igual modo: si no hay pruebas de denuncia falsa, el caso se archiva. Al contrario, si hay pruebas de ello y se condena, la pena máxima para esa mujer es de 2 años de prisión pero, sin antecedentes, la pena queda en suspenso. Por tanto, para una mujer, el riesgo de denunciar falsamente a su esposo es mínimo, casi inexistente.


Resumiendo, ese famoso 0,0075% hace referencia solamente a los casos en los que se abrió un proceso penal contra la mujer, se acusó, juzgó y condenó, confirmando la Audiencia Provincial la sentencia. Cabe preguntarse por qué la Fiscalía no actúa de oficio ante un falso testimonio. Lo cierto es que sólo actúa en casos muy flagrantes y, además, resulta que denunciar sin pruebas no es un delito. Pero, sobre todo, lo fundamental aquí es que la Fiscalía no es independiente: trabaja para el Gobierno, para el Poder Político.

Existen cuantiosos incentivos económicos para incitar la denuncia falsa

Todo el edificio económico de subvenciones pivota en un hecho jurídico, las denuncias. A través de la ley se establecen unos criterios para el reparto de los Fondos Europeos. Una tercera parte de los fondos atiende a criterios vinculados con valores demográficos. Las otras dos terceras partes atiende al número de mujeres asesinadas, al número de mujeres que se declaran maltratadas y al número de denuncias interpuestas. Así, a mayor número de denuncias más dinero procedente del Fondo Social Europeo se reparte al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Qué mejor forma de obtener fondos que por medio de las denuncias. Pero, para ello, tuvieron que modificar el Código Penal y violentar los principios de igualdad ante la ley, causalidad y presunción de inocencia. Así se amparan situaciones esperpénticas como un hombre que fue condenado por soltar una ventosidad durante una discusión con su pareja. Incorporándose este hecho en el largo catálogo de acciones punibles por las que los hombres pueden ser denunciados. En palabras de Soledad Murillo de la Vega “cuando hicimos la ley se nos planteaba el dilema entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida, y optamos por salvar vidas”. Suena a naufragio: “primero las mujeres y los niños”.

A las motivaciones para denunciar se suma la llamada Renta Activa de Inserción (RAI), una ayuda que, como otras, se concede a la mujer por la mera denuncia, sin que exista base legal base legal constitutiva de la existencia de maltrato. Así se explica que, a pesar del descenso de número de hombres condenados, haya aumentado el número de mujeres perceptoras de los pagos de la RAI: 10.913 hombres condenados frente a 31.555 mujeres perceptoras de la RAI en 2015.

A este sistema de percepción de fondos se le suman las múltiples subvenciones que conceden las Administraciones Públicas. Hace poco Absolutexe, el Grifo de Twitter, documentó más de 93 millones de euros concedidos en más de 9.000 subvenciones aprobadas desde el año 2014. Partiendo de los términos “mujer” y “convocatoria” hizo toda una aproximación. Así aparecen entidades como la Fundación Mujeres, la Asociación Mujeres para la Salud o la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quienes reciben cuantiosas ayudas en esta materia además de otras distintas instancias. En cualquier caso, la lista de entidades que reciben subvenciones es muy larga. Es todo un enredo de aportaciones que confirma el lucro de estas asociaciones y otras tantas. Pero también confirma el papel del Estado y su intención a la hora de incentivarlas y mantenerlas.

La verdadera lacra de la Ley de Violencia de Género

Como se puede apreciar, esto es un círculo vicioso: la pescadilla que se muerde la cola. Con una simple denuncia se activan los mecanismos económicos: y las ayudas y subvencionas animan a denunciar. La dotación para la denominada “violencia de género” y su difusión y relevancia en los medios de comunicación nada tiene que ver con el bienestar de las personas sino con el beneficio privado que las ayudas proporcionan a algunas asociaciones, que han hecho de la Ley de Violencia de Género su medio de vida.

Como consecuencia de esta perniciosa ley se violan sistemáticamente los derechos humanos, no sólo de los hombres afectados, sino también de niños, abuelos, familias, etc. Y otro daño colateral de esta ley es el infligido a aquellas mujeres que realmente necesitan ayuda, que piden auxilio y no tienen las asistencias necesarias para salvaguardar sus vidas.


La ley falla porque no quiere ver que la violencia íntima en la pareja es un problema humano en el que están implicados factores psicobiológicos y culturales. La Ley no funciona porque no protege ni siquiera a las mujeres, por más que diferentes estamentos elogien su aprobación y puesta en marcha. Pero los datos en contra son muy tozudos. Sólo la sociedad puede impedir que la política y sus brazos largos se adueñen definitivamente de nuestras vidas. Depende absolutamente de todos nosotros no seguir ignorando tan enorme daño. La vida de cada persona no debería tener un precio distinto y menos aún en función de su “género”.

Cuca Casado
(Visto en https://disidentia.com/)

SITUACIÓN EN GRECIA; LO QUE NO QUIEREN QUE SEPAS


Se han cumplido ya ocho años de imposiciones financieras en Grecia y después de tres gobiernos y tres rescates financieros nada ha cambiado.

jueves, 19 de abril de 2018

SUPUESTA VÍCTIMA DESMONTA EL FRAUDE DEL ATAQUE QUÍMICO DE GHOUTA


Hasan Diab, una de las víctimas oficiales del inexistente ataque químico
de Duma revela que fue grabado por los Cascos Blancos a cambio de algo
de comida. El burdo montaje pudo haber desencadenado un conflicto de
alcance mundial.

Un niño que aparecía en el vídeo de los llamados "Cascos Blancos" junto a otras personas, aparentemente víctimas de un supuesto ataque químico en la localidad siria de Duma (Ghouta Oriental), ha revelado que la grabación que sirvió como pretexto para el reciente ataque de los países occidentales contra Siria fue un mero montaje.

El canal de televisión ruso Rossiya 24 emitió ayer miércoles una entrevista en exclusiva con un niño que participó en la filmación del vídeo que los "Cascos Blancos" presentaron como evidencia del ataque químico en Duma que los medios atlantistas atribuyeron al régimen del presidente sirio Asad.

El mundo ha estado a punto de sumirse en la Tercera
Guerra Mundial por un bulo sin ningún fundamento
En la entrevista, Hasan Diab dice que él y su madre escucharon fuertes voces en la calle que llamaban a todos a correr hacia los hospitales. Cuando Hasan ingresó al hospital, personas desconocidas lo agarraron, le echaron agua encima, le grabaron y fotografiaron indicándole que fingiera que le costaba respirar y luego lo pusieron junto a otros "pacientes" que habían servido de improvisados figurantes en el "circo de los horrores" diseñado para justificar la represalia anglo-francesa.

“Estábamos en el sótano. Mamá me dijo ‘hoy no tenemos nada para comer, ¿qué comeremos mañana?’. Escuchamos un grito afuera, que decía ‘id al hospital’. Corrimos al hospital y tan pronto como entré, me agarraron y me comenzaron a verter agua”, relata Hasan Diab.

Su padre añade que él estaba en su trabajo cuando escuchó que su hijo estaba en el hospital. Corrió al hospital y encontró a su familia allí en buen estado de salud, se dirigió a la calle y se puso a fumar, y asegura que allí no había ningún indicio del uso de armas químicas. Conforme a sus declaraciones, los milicianos les dieron comida a todos los participantes (dátiles, galletas y arroz) y luego los liberaron.


Los Cascos Blancos, financiados por varios países occidentales, están asociados con la organización y la grabación de ataques químicos de falsa bandera y han sido vistos varias veces trabajando con grupos terroristas en Siria.

EE.UU., Francia y el Reino Unido, sin presentar pruebas válidas y basándose solo en este tipo de grabaciones fraudulentas que circularon en las redes sociales, acusaron al Gobierno sirio del supuesto ataque y llevaron a cabo un bombardeo de represalia contra Siria el pasado 14 de abril.

La advertencia del ejército ruso de que defendería el espacio aéreo sirio de cualquier intrusión, el que Trump se refugiase con su estado mayor en el llamado "avión del juicio final" (puesto de mando móvil en caso de conflicto nuclear) y el hostigamiento previo de cazas rusos hizo temer un enfrentamiento directo entre la flota angloamericana en el Mediterráneo y la fuerza de combate enviada por Putin en auxilio de Asad, algo que hubiese puesto al mundo en riesgo de guerra abierta entre superpotencias.

Finalmente, el Apocalipsis no se desató y todos los indicios apuntan a que el "fake" que desencadenó la reacción de Gran Bretaña, Francia y E.E.U.U. se sáldó con otro fraude, el de una incursión relámpago contra objetivos que en realidad habían sido pactados y abandonados a cambio de la no intervención de Rusia.

Ante el nivel de manipulación de las potencias occidentales solo cabe la indignación y la exigencia de responsabilidades. Tememos que, una vez más, no serán asumidas. Pero ha quedado sobradamente demostrado quiénes publican, propagan y se sirven de "fake news" para sus mezquinos e hipócritas intereses.


(Fuente: https://www.hispantv.com/)